ACABANDO CON EL EXTREMISMO Y LA INTOLERANCIA
¿Están siendo destruidas las libertades por las que muchos europeos lucharon y murieron durante más de 2.000 años, por un grupúsculo de funcionarios franceses?
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La ironía es que Francia tiene una de las Constituciones más antiguas para la protección de los derechos humanos. En 1789, las palabras “libertad, igualdad y fraternidad” constituyeron el sello de un capítulo completamente nuevo dentro de la historia europea. No obstante, dos siglos después, países que se destacaron por su represión de las religiones usan a Francia como modelo para justificar sus ataques a la libertad de conciencia, reunión y expresión.
El problema radica en los esfuerzos de una pequeña, pero celosa, facción de funcionarios extremistas en Francia, que buscan destruir a todas las religiones minoritarias y exportar la xenofobia religiosa a otros países.
Intensificación de la discriminación
En años recientes, la intolerancia ha sido evidente en casos tan bien conocidos como el primer “caso del pañuelo en la cabeza”. Juzgado en 1989, trataba de una joven francesa que fue expulsada del colegio porque se negaba a quitarse de la cabeza un pañuelo, que forma parte del vestido diario de su familia de religión musulmana. El resultado de ese caso en 1994 fue el establecimiento de una ley que prohibe símbolos de creencias religiosas en los colegios. Como suele ocurrir con estos tipos de leyes, la palabra “símbolos” no se definió bien, dando a los funcionarios del colegio la autoridad legal para discriminar.
La intolerancia hacia las minorías religiosas se ha intensificado desde entonces. En enero de 1996, el Parlamento francés publicó un informe ampliamente criticado que ponía en una lista negra a 172 religiones y grupos espirituales, entre ellos los testigos de Jehová, Shri Ram Chandra y las iglesias evangélicas cristianas independientes. La Comisión de Helsinki, una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas, escribió sobre este informe que “resultó en que en los medios de comunicación se aplastara a las religiones minoritarias, se propagaran rumores e información falsa y se animara a la intolerancia religiosa”. Autoridades internacionales de derechos humanos protestaron por el informe francés, incluyendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, la Federación Internacional de Helsinki, líderes religiosos, expertos en estudios religiosos y muchos más.
El sello de la intolerancia en Francia ha sido una inflexible negativa de los políticos que lideran esa tendencia a dialogar con ninguna de las llamadas “sectas”, que se dice constituyen un problema. Así, el gobierno mismo parece haber adoptado una posición de confrontación, y de hecho de hostilidad, que va en contra de los principios mismos de la democracia.
El profesor Urbano Alonso de Madrid, Doctor en Teología y Filosofía por la Universidad del Vaticano y que sirvió de director ecuménico para tres papas distintos, ha viajado a diversos países europeos como una de las muchas autoridades religiosas internacionales que apoyan los esfuerzos por mejorar los derechos humanos y las libertades religiosas.
“La libertad religiosa y los derechos humanos se consiguen mediante el diálogo y la comprensión. Estos son los cimientos de una democracia. Los países que no respetan estos derechos necesitan mirar más allá de las diferencias de color y credo, y reconocer los derechos humanos fundamentales”, dijo. “Si ellos se dedican verdaderamente a los ideales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eso es posible”.
Cómo destripar una Constitución
Dado que Francia ha firmado los tratados de derechos humanos europeos e internacionales, la única forma en que los extremistas franceses pueden discriminar a las minorías religiosas es denunciándolas como “sectas”.
“Dado que la libertad religiosa se considera valiosa y disfruta de protección constitucional (también debido a tratados y declaraciones internacionales), la única forma en que se puede discriminar a una minoría religiosa es afirmando que la minoría nos es religiosa en absoluto”, afirmó Massimo Introvigne, Presidente del Centro Internacional para el Estudio de Nuevas Religiones (CESNUR)(1).
Con este tipo de punto de vista, apoyado con fuerza por unos pocos funcionarios en Francia, la discriminación ha invadido todos los niveles del gobierno.
En 1996, se formó la “Comisión Interministerial para la Lucha contra las Sectas” (MILS), como resultado del informe de la comisión parlamentaria que creó la lista negra de 172 grupos en el país.
La naturaleza del título mismo de la MILS contradice en sí mismo cualquier intento de resolver mediante el diálogo las diferencias o los problemas percibidos. El que un gobierno se posicione a sí mismo en una postura hostil contra algunos grupos y “luche” contra ellos es también una reminiscente de los días de la Inquisición o, más recientemente, de los fascistas, y hoy día del gobierno chino en sus asaltos a iglesias cristianas “no autorizadas” y al movimiento Falun Gong.
La MILS sirve ostensiblemente como consejo asesor para los diversos ministerios franceses sobre la cuestión de las “sectas”; lo que a su vez se define tan ampliamente que virtualmente cualquier grupo religioso, espiritual, filosófico o étnico podría valer.
Lo encabeza Alain Vivien, quién ha sido muy criticado por las autoridades en derechos humanos por fomentar la intolerancia e incitar confrontaciones con grupos religiosos y líderes de derechos humanos que han intentado abrir el diálogo.
El Presidente de la Federación Internacional de Helsinki (IHF), Aaron Rhodes, envió una mordaz carta a Alain Vivien, afirmando que estaba “avergonzado por usted y por sus compañeros ciudadanos franceses por su recurso a métodos de denuncias e insinuaciones que nos recuerdan a aquellos que a veces usan los regímenes totalitarios y retrógrados”. Rhodes acusaba a Francia de tener un punto de vista no tradicional de las religiones que “contraviene sus obligaciones internacionales”.
Ley extremista
La medida más extremista es una ley ideada por los compatriotas de Vivien, Nicolas About, senador, y Catherine Picard, una miembro de la Asamblea Nacional Francesa. La ley “About-Picard” ha levantado tormentas de protestas sobre el peligro que supone para las minorías.
La ley otorga a los juzgados el poder autoritario de disolver a los grupos que se consideren “sectarios”, dándose una definición muy imprecisa de este término. De hecho, uno de los dos patrocinadores primarios de la ley dijo a la prensa que la ley abarca a todos los “grupos espirituales, etnológicos o filosóficos”. El destino de la disolución le puede acontecer a un grupo si a alguno de sus líderes –ya sea un director, oficial, ejecutivo o un líder de hecho según determine un juez– ha sido condenado dos veces mediante sentencia firme, incluso por faltas tan relativamente menores como enviar correo a alguien que solicitó que los borrasen de una lista de envíos por correo. Los delitos no necesitan cometerse en nombre del grupo. Un ejecutivo de uno de los grupos católicos que estos políticos en Francia consideran como “secta” podría, por ejemplo, tener un accidente de tráfico que ocasionara daños físicos a otra persona y ver cómo su asociación religiosa sería disuelta.
La ley también permite al estado criminalizar virtualmente cualquier forma de proselitismo, consulta, terapia, enseñanza o servicios introductorios, juzgándola como “manipulación mental”.
Además, una asociación que tenga un estatus legal separado, pero metas similares y un interés común a una asociación que se enfrenta a la disolución, podría también ser disuelta si uno de sus -así llamados- líderes ha sido sentenciado una vez.
La ley ha sido censurada por los líderes de las mayores comunidades religiosas de Francia y por líderes religiosos y de derechos humanos de todo el mundo.
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De hecho, se pudo encontrar a Alain Vivien en Beijing a finales del año 2000 asistiendo a un simposio sobre “sectas” patrocinado por el gobierno chino. En las semanas siguientes al simposio y a la visita de Vivien, China intensificó su represión anti-religiosa, incluyendo medidas represivas radicales contra las iglesias cristianas “no autorizadas”, demoliendo y arrasando cientos de establecimientos de culto a lo largo de todo el país. Y a medida que aumentaban los informes de la persecución contra los cristianos y contra Falun Gong, igualmente iban en aumento las denuncias sobre funcionarios chinos que miraban a la ley francesa y al clima de intolerancia que la engendró como un ejemplo y justificación de sus propias acciones.
Hoy en día, hay una gran protesta contra esta continúa conducta de violación de derechos humanos por parte de algunos políticos extremistas en Francia. Se está pidiendo a los líderes del país que revisen su política y su ley, especialmente dentro del llamamiento internacional a la unidad y la tolerancia resultante del reciente aumento del terrorismo.
(1) Cita del libro “Visiones para la Libertad Religiosa, la Democracia y la Igualdad Étnica” presentado por el autor Massimo Introvigne al Consejo por la Igualdad Étnica en 1999.
