La fiscalía, abusando del sistema legal, destroza vidas

Invocando el fantasma de la época de Franco, la fiscalía de Madrid mantuvo vivo un caso de persecución religiosa sin fundamento durante 17 años, a cargo de los contribuyentes.

principios del pasado mes de diciembre, cuando la legisladora española Cristina Almeida conoció la histórica decisión de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se exoneraba completamente a 14 cienciólogos, sus palabras se hicieron eco del sentimiento de los defensores de Derechos Humanos y de la Justicia en todo el país.

	FISCAL JEFE Mariano Fernández Bermejo

	FISCAL Carlos Ladrón de Cegama

“En pocas ocasiones he visto una actuación Fiscal más preocupada por la defensa de una determinada ideología religiosa y no por el respeto a la libertad religiosa que existe en nuestro país, como en el caso del procedimiento desarrollado contra la Iglesia de Scientology.

“El respeto ideológico y personal que merecen de sus partidarios han sido ignorados en todo momento por el Ministerio Público, que no solo se ha limitado a esta acusación penal, sino que en alguna manera la lleva a la vida personal y económica de algunos de los partidarios de esta Iglesia.

“No me ha gustado el papel del Fiscal y no me ha gustado, como ciudadana de una sociedad democrática en la que las distintas religiones son un asunto de conciencia de aquellos que las quieren adoptar”.

— Cristina Almeida

Aunque la victoria incondicional del caso de 17 años de duración fue una reivindicación para los acusados y fue calificada por los defensores de Derechos Humanos como un hito para la libertad religiosa (véanse artículos anteriores de esta publicación), ha habido un creciente sentimiento de indignación contra aquellos que mantuvieron vivo este intolerante caso sin ningún fundamento durante casi dos décadas. Los observadores dicen que la fiscalía de este caso malgastó más de 700 millones de pesetas de los contribuyentes en una investigación y un juicio sin fundamento. Otros, sin embargo, han dicho que todo el asunto es un anacronismo del régimen anterior.

Por lo visto, el fiscal de Madrid, Carlos Ladrón de Cegama, que organizó y llevó la acusación del caso durante más de 16 años, sintió que era una afrenta que se permitiera que religiones nuevas o diferentes existieran con toda libertad en España. Parecía decir que era mejor en los días de Franco, cuando tales religiones sólo podían existir bajo las más estrictas restricciones, si es que se permitía que existieran de algún modo. Recurrió a cualquier táctica y a todos los frentes de ataque en su persecución a los cienciólogos.

Durante los últimos ocho años del caso, De Cegama recibió el apoyo incondicional del Fiscal Jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, que fue nombrado en 1993. En aquél momento, Fernández Bermejo podía haber terminado, fácilmente, con el caso; una evaluación honesta de las “pruebas” recogidas hasta ese momento habrían demostrado claramente la falta de pruebas para apoyar los cargos inventados por De Cegama.

En efecto, los archivos del caso revelan que entre 1984 y 1987 los informes policiales remitidos al fiscal, en por lo menos dos ocasiones, declaraban que no podían encontrar ninguna prueba de que los cienciólogos cometieran delito alguno. Otros informes que siguieron tampoco cambiaron esa situación.

Sin embargo, es evidente que Fernández Bermejo vio este controvertido caso como una manera de avanzar su floreciente carrera política. Consciente del interés que despertaba en los medios de comunicación, llegó incluso a admitir a la defensa en la víspera del juicio que seguir adelante con el juicio era el “precio a pagar” necesario porque la prensa mostraba interés en el caso.

Pero los que realmente pagaron el precio de la ambición del fiscal fueron ciudadanos españoles inocentes. Son sus historias las que revelan la arrogancia y la falta de humanidad que caracterizaron el caso de De Cegama desde que este empezó con el caso en 1984.

Para la mayoría, la pesadilla empezó una fría tarde de noviembre de 1988.

Vidas traumatizadas; familias destrozadas

De Cegama persiguió a los cienciólogos con los mismos métodos que en el régimen de Franco, en el que los ciudadanos eran culpables hasta que se demostraba su inocencia, y el fiscal utilizaba cualquier medio que considerara necesario para servir al Estado y asegurar las convicciones.

Sin embargo, al contrario que en esa época, De Cegama se encontró ante una gran barrera: necesitaba pruebas fehacientes de los delitos.

No tenía ninguna y empezaba a desesperarse. Así que cuando se enteró de que la Iglesia de Scientology iba a celebrar una convención en Madrid, en noviembre de 1988 y que a este acto iban a acudir los miembros locales de la Iglesia así como un buen número de cienciólogos de otros países, encontró su oportunidad. Esta era la oportunidad de agrandar su caso y convertirlo en un asunto de portada internacional, humillando a los cienciólogos con detenciones, y creando un clima negativo de histeria con los medios de comunicación para que fueran “juzgados” por la opinión pública. La estrategia salía del libro del antiguo régimen: manchando la reputación de la propia víctima, los hechos y las pruebas son lo de menos y menos importantes para la acusación.

........................... “En pocas ocasiones he visto una actuación Fiscal más preocupada por la defensa de una determinada ideología religiosa y no por el respeto a la libertad religiosa que existe en nuestro país”. ...........................

Así que, se procedió a convencer al entonces juez del juzgado de instrucción 21, Vázquez Honrubia, para que autorizara las redadas y las detenciones. El día 20 de noviembre de 1988 (fecha muy señalada para los franquistas), una armada de coches policía y camionetas salió de la comisaría de policía y se dirigió al Hotel Meliá Castilla en el centro de Madrid. Vestidos con uniformes de combate, con pistolas automáticas, los oficiales se desplegaron rápidamente ante la entrada de la sala de banquetes del hotel. A la señal, irrumpieron en la sala poniendo un brusco fin a una comida pacífica, y acorralando a 72 de los sorprendidos invitados.

Tácticas de intimidación de la época de Franco

Uno de los detenidos era Fernando Hernández*, un joven padre y miembro del personal de la Iglesia de Scientology de Madrid, donde atendía a los feligreses locales. Su mujer, María, que también colaboraba en la iglesia, estaba enferma, en casa, con sus dos hijos de 6 y 4 años de edad. Ambos eran ciudadanos honestos y trabajadores, Fernando y María solamente figuraban en la orden de arresto debido a su religión.

A Fernando se le esposó y se le hizo marchar con los otros hacia las furgonetas de la policía, y a todos se les llevó a comisaría para interrogarlos.

A la mañana siguiente, la policía llegó a casa de Fernando y, delante de sus aterrorizados hijos, detuvo a María (que tenía fiebre muy alta) y se la llevaron a la cárcel. Los niños fueron acogidos por unos familiares.

María y Fernando pasaron las siguientes tres semanas en la cárcel, durante ese tiempo no pudieron comunicarse entre ellos o consolar a sus preocupados hijos. Y aunque no habían transgredido ninguna ley, De Cegama los nombró como “acusados” en su caso.

Teresa Pérez*, embarazada de siete meses, también fue detenida en la redada. Esa noche, a pesar de su estado, se la obligó a dormir en una celda fría y oscura, y por la mañana fue llevada ante un Tribunal para ser interrogada.

Debido al estrés que le causó el incidente se puso de parto y dio a luz a su hijo prematuramente. Como los Hernández, Teresa era una trabajadora religiosa de la Iglesia, y De Cegama la nombró como “acusada”. Vivió bajo esa nube amenazadora, sin saber qué futuro le esperaba o de qué se le acusaba y por qué, mientras criaba a su hijo desde la infancia a la adolescencia.

Muchos de los detenidos el 20 de noviembre de 1988 ni siquiera eran de España, y entre ellos, muchos visitaban el país por primera vez. Pero en la misma red también se atrapó a los familiares de los objetivos de De Cegama, violando a su vez los derechos de estos familiares, tal y como ilustra el siguiente ejemplo.

Coincidiendo con las redadas de noviembre de 1988, el juez también congeló las cuentas de la Iglesia de Scientology y de varios colaboradores de la iglesia, como las de Enrique y Carmen Aguilar*.

Carmen cuidaba de su anciana tía que vivía de una pensión que era depositada en una cuenta personal en la que Carmen figuraba como signataria adjunta. Así que también congelaron la cuenta que compartía con su tía, negándole así cualquier tipo de ingreso. Cuando Carmen acudió a la policía para rectificar el error, fue interrogada por el equipo de dos agentes que ejecutaban las órdenes de De Cegama, que intentaron extorsionarla para que presentara una denuncia contra la iglesia, diciendo que liberarían la cuenta de su tía si así lo hacía. Horrorizada ante tales tácticas totalitarias de intimidación, Carmen presentó una denuncia contra los dos oficiales. En cuestión de días, el fiscal De Cegama añadió a su marido como acusado en el caso.

Extrañas acusaciones

Como resultado de las redadas y detenciones, De Cegama nombró a 17 ciudadanos españoles inocentes, incluidos los Hernández, Teresa Pérez y los Aguilar como “acusados” para su juicio de herejes –un número que reduciría a 14 al llegar la hora del juicio– y colgó una espada de falsos cargos sobre sus cabezas durante los siguientes 13 años.

El único momento en el que se empezó a hacer justicia fue cuando dejó de estar en manos de De Cegama. Cuando el caso llegó a la Audiencia Nacional en 1992 debido a la jurisdicción de algunos cargos, este Tribunal superior desestimó las acusaciones en su totalidad por falta de pruebas.

El resto del caso volvió a las manos de De Cegama. Su siguiente paso, dos años más tarde, abrió un extraño capítulo en la historia de este caso, cuando presentó su “escrito de acusación” en 1994. Lejos de aclarar su postura, y como no presentaba nuevos hechos, en su lugar De Cegama lanzó una increíble diatriba acusando a los cienciólogos sin especificar nombre alguno (y sin guardar ninguna relación con los que estaban nombrados como acusados) de participación en una serie de absurdas y rocambolescas conspiraciones. “Los” acusó de provocar la caída de las dictaduras de Marruecos, Portugal y España. Los acusó a “ellos” de la muerte de Franco y de la de su Almirante Carrero Blanco. Pero al final, estaba claro que lo único de lo que De Cegama podía acusar a los cienciólogos (a cualquier cienciólogo) era de practicar libremente su religión. Y a esto, estaba decidida y fanáticamente opuesto.

El escrito llevó a los observadores a la conclusión de que todo el caso de De Cegama era, en realidad, un intento de vengar la desaparición de la época franquista y de castigar a aquellos que buscaban la libertad religiosa, la tolerancia y el pluralismo, cosas que el régimen de Franco detestaba.

Pero a pesar de todo, el caso siguió adelante (a pesar de que cada vez había más cosas extrañas y de la obvia y preocupante falta de imparcialidad del fiscal), hacia su inevitable conclusión. Jamás, durante los 17 años de procesamiento, se encontró prueba alguna de que los acusados violaran alguna ley en España.

Definitivamente, las acusaciones carecen de fundamento

........................... “Como ha dicho el Tribunal Constitucional, no se puede condenar o expulsar del ordenamiento jurídico a una confesión sobre la base de meras sospechas o rumores”. — Profesor Dionisio Llamazares. Catedrático de Derecho Eclesiástico. ...........................

A pesar de los repetidos y concertados esfuerzos de la defensa para acabar con este caso de manera amigable, ya que era evidente que no existía ninguna prueba que apoyara las acusaciones, De Cegama no cambió de postura y siguió adelante con el costoso juicio.

Entonces, en 1999, mientras De Cegama estaba de baja por enfermedad y presionado por sus superiores, el Fiscal Jefe, Fernández Bermejo entró en acción, pasando por encima de la ausencia de De Cegama. Se vio obligado a admitir que el cargo principal contra los acusados de “asociación ilícita” (la causa del castigo en el que De Cegama basaba todo su caso, incitado por el deseo de perseguir la religión advenediza) carecía, evidentemente, de fundamento.

Entonces, Fernández Bermejo autorizó un nuevo escrito de acusación para reemplazar la monstruosidad del presentado en 1994, borrándose el falso cargo de “asociación ilícita” y una mayoría de las demás acusaciones, ya que se sabía muy bien que eran insostenibles. Este nuevo escrito fue el primer reconocimiento de ese hecho.

Sin embargo, justo cuando el nuevo escrito estaba a punto de ejecutarse a principios de 2001, De Cegama regresó y parece ser que tuvo lugar un juego de poder intramuros, porque de repente F. Bermejo, sin ninguna explicación, cerró toda comunicación y exigió que el caso fuera a juicio, pero no sólo contando con las “acusaciones” reconocidas como carentes de fundamento del escrito original, sino que además De Cegama había vuelto a incluir los cargos que la Audiencia Nacional había desestimado, explícitamente, en 1992. Y Bermejo insistió en juzgar cada acusación en cada uno de los acusados, habiendo reconocido que eran infundadas.

A pesar de todo, después de obligar a que los acusados fueran a juicio en febrero de 2001, entonces De Cegama y F. Bermejo lucharon para posponer y retrasar los procedimientos y así someter a los demandados a todavía más retraso de la justicia. ¿Por qué? Tal y como alegó De Cegama en algún momento –él “no estaba preparado”– una excusa sorprendente, después de llevar el caso durante casi 17 años.

El verdadero problema estaba en que la acusación todavía no tenía pruebas de que los acusados hubieran violado ley alguna. No fue de sorprender que en abril de 2001, el Tribunal desestimara más del 80 por ciento de los cargos presentados por la fiscalía.

Para intentar probar los cargos restantes, se permitió a De Cegama que presentara casi 70 testigos, consumiendo meses del tiempo del tribunal y de los demandados.

Sin embargo, la gran mayoría de esos testigos desmintieron sus acusaciones y apoyaron la inocencia de los demandados. Según comentó uno de los expertos de De Cegama al abandonar la sala: “Por una vez, los expertos de ambos bandos están de acuerdo”.

La última palabra

Muchos observadores no podían evitar creer que la fiscalía pertenecía a otra época, en pleno régimen de Franco, en la que los fiscales tenían un poder despótico, los acusados no pueden decir nada ni tienen derechos, y en la que simplemente los principios democráticos de la justicia no existen.

Esa creencia se vio reforzada cuando De Cegama, al final del juicio, exigió al Tribunal que se le permitiera presentar más testigos, después de que la defensa completara su caso, desdeñando el principio universal de justicia en el que los defensores tienen la última palabra.

Se quejaba de que nunca había renunciado a ciertos testigos, obligando al Tribunal a pasar horas revisando los procedimientos de los meses anteriores para demostrar a De Cegama que, en efecto, sí había renunciado a los testigos que ahora insistía no había desestimado.

De Cegama también intentó añadir nuevas “pruebas” en el informe final de su caso al cierre del juicio, en un descarado menosprecio por el derecho de los acusados a conocer las pruebas que se utilicen contra ellos negándoles el derecho a defenderse a sí mismos.

Y de las cuatro horas de su conclusión final, dedicó menos de cinco minutos a hablar de los demandados o de cualquier cosa que presuntamente hubieran hecho, o qué es lo que sus “pruebas” habían demostrado acerca de ellos. Las tres horas y 55 minutos restantes fueron, prácticamente, una diatriba contra su religión.

Sin embargo, el quid de la cuestión de su caso, parecía basarse en un sólo comentario en ese soliloquio de cierre: en él, en tantísimas palabras, se lamentaba que desde que Franco se había ido, nuevas religiones habían podido existir y crecer en España.

Al parecer, esa era la acusación final de la fiscalía.

* Los nombres han sido cambiados para proteger la intimidad de los defendidos.