Edición Especial
Una victoria histórica
Scientology vence en el caso legal. El Tribunal ratifica la libertad religiosa
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El Tribunal anunció las absoluciones el 3 de diciembre; dos meses después de que concluyera un juicio que ha durado siete meses, cerrando finalmente un controvertido caso que se ha prolongado durante 17 años.
La sentencia de 67 páginas, emitida por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, concluye que ninguno de los acusados, ni individual, ni colectivamente, cometieron ningún tipo de acción ilegal, y por lo tanto quedan absueltos de todas las acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal.
El portavoz de la Iglesia calificó la decisión como “una victoria histórica y completa. Los Tribunales españoles están liderando Europa como verdaderas instituciones democráticas que protegen los derechos fundamentales e impulsan el pluralismo y la libertad religiosa”.
González añadió que la resolución del caso legal permite a la Iglesia que disponga de recursos para ampliar su ministerio religioso y sus programas comunitarios de asistencia social, incluyendo importantes campañas de educación y prevención de drogas.
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La abrumadora cantidad de declaraciones favorables de los más de 100 testigos durante el juicio –incluyendo los sorprendentes reveses para la acusación en los que muchos de sus propios testigos hablaron a favor de los acusados – demostró claramente que el caso era un esfuerzo manipulador de unos cuantos individuos que pertenecían a la “vieja guardia” de España para oprimir a una minoría religiosa que defiende el cambio y la reforma social.
Según el editorial de El País del 7 de diciembre de 2001:
“La absolución... pone en evidencia, junto a la insufrible lentitud de nuestro sistema judicial, el uso inadecuado de la herramienta del derecho penal para oponerse a modelos de conducta moral o religiosa que se salen de lo corriente o que, por su novedad y alejamiento de las prácticas de uso más común, suscitan una cierta sospecha como fenómenos anormales. Si a ese uso improcedente del derecho penal se une, como ocurre en este proceso, una acusación del ministerio fiscal incapaz de aportar pruebas y una instrucción carente de las garantías que establece nuestro ordenamiento, la absolución resulta obvia, aunque tardía”.
El juicio que nació de la intolerancia
El caso fue instigado en 1984 por un apóstata que utilizó falsas acusaciones para presentar una denuncia a la policía contra sus antiguos compañeros de feligresía. Tal y como se confirmó posteriormente con las pruebas presentadas en el juicio, dicho individuo pretendía fomentar una acción policial que paralizaría a la Iglesia y le permitiría a él atraer a los feligreses para que estos se escindieran de la Iglesia y se unieran al grupo creado por él, únicamente para su provecho personal.
Años después, ese mismo individuo retiraría las acusaciones en su totalidad, admitiendo en una declaración jurada que eran incorrectas.
Pero en los tiempos en que el apóstata presentó la denuncia a la policía, sus mentiras fueron suficientes para avivar las llamas de la intolerancia de unos cuantos poderosos entre la fiscalía y el poder judicial, quienes permanecían fieles a la “vieja guardia” nacional. Así, en 1984, dando crédito a falsedades y rumores, y alentados por el temor a la creciente influencia y popularidad de esta nueva religión, dichos poderes buscaron cualquier oportunidad para intentar detenerla. Se cursaron órdenes para seguir adelante con una amplia investigación, cuyo objetivo serían todas las Iglesias de Scientology en España, sus miembros, así como el internacionalmente conocido programa independiente de rehabilitación de drogodependientes, Narconon, ya que se sabía que dicho programa estaba respaldado por cienciólogos.
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La fase de investigación del caso de Scientology fue avanzando lentamente durante los años siguientes. Un estudio de los procedimientos de entonces muestra claramente la intención de la fiscalía de aplastar al movimiento de Scientology en España, de privar a sus feligreses de sus derechos y detener los programas sociales que ésta patrocinaba.
Pero existía un obstáculo para los planes de la acusación: no podían encontrar ninguna prueba de que se hubiera cometido el menor delito por parte de ningún Cienciólogo ni de los grupos Narconon; no es de extrañar, ya que tales delitos no existían.
La acusación siguió adelante, encontrando únicamente rumores y acusaciones de apóstatas y otros incitados por sus propios prejuicios. Los archivos muestran que al menos dos de los informes policiales remitidos al fiscal Carlos Ladrón de Cegama ponían de manifiesto el fracaso de los investigadores a la hora de encontrar una mínima prueba que demostrara que los cienciólogos habían violado la ley.
Violaciones procesales
Pronto, el ímpetu de la investigación disminuyó, y en seguida el afán se convirtió en desesperación, ya que ninguna de sus investigaciones dio fruto alguno.
Así que recurrieron a tácticas más radicales, que incluyeron la instalación de escuchas telefónicas. Aunque las escuchas no aportaron ninguna prueba de delito, sí que aportaron lo que pareció ser una oportunidad de oro para “encontrar pruebas”, ya que la fiscalía se enteró de que la Asociación Internacional de Cienciólogos; (la asociación mundial de miembros de dicha religión) iba a celebrar una convención en el hotel Meliá Castilla de Madrid el 20 de noviembre de 1988.
Mientras los miembros de la iglesia iban llegando desde todo el mundo, la policía se las arregló para conseguir una orden de arresto y detuvo a los asistentes; la orden de arresto no mencionaba ningún motivo concreto, pero autorizaba explícitamente a la policía a “detener a todos los extranjeros”. El Ministerio Fiscal no se opuso en defensa de la legalidad, como hubiera tenido que hacer. Otras órdenes adicionales de entrada y registro les autorizaron a efectuar redadas en varias oficinas de la Iglesia de Scientology, en casas privadas de cienciólogos, y en las oficinas de Narconon.
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Las acciones de la fiscalía estaban plagadas de violaciones procesales que negaban a los ciudadanos sus derechos con el amparo de la ley española. Por ejemplo, después de las redadas y las detenciones, se tomó declaración a 17 individuos que la acusación seleccionó como “acusados” en el caso. Las declaraciones se tomaron como si esos ciudadanos fueran “testigos”, en lugar de “acusados”; una diferencia esencial que les negó las debidas garantías procesales de la ley. Normalmente, cuando se descubre una violación como esta, se vuelven a tomar las declaraciones. Sin embargo, esto sólo se hizo a tres de los 17 acusados.
La falta de pruebas de delito siguió siendo el problema primordial para la acusación y la fase de instrucción se prolongó durante seis años después de las detenciones. Finalmente, el fiscal se vio obligado a realizar un escrito de acusación en 1994, y fue en ese momento cuando los cienciólogos se enteraron de los “motivos” por los cuales habían sido detenidos. Pero no había mucho de qué enterarse.
El intrincado documento de 78 páginas, oscilaba entre falsas, extrañas e incoherentes acusaciones, y aquí tampoco aparecía prueba alguna de que se hubiera cometido algún delito.
Por ejemplo, es un hecho bien conocido, que entre 1967 y 1974, un contingente de colaboradores de la Iglesia, tenía su base en un barco que navegaba entre puertos del Atlántico y del Mediterráneo. El barco hacia las funciones de centro de formación internacional para los ministros y administradores de Scientology, que seguían cursos de preparación ministerial cuando el barco atracaba en varios puertos, incluyendo los puertos españoles y portugueses.
Sin embargo, el escrito de acusación de la fiscalía contenía sus propios “motivos” inventados que explicaban porqué el barco de la Iglesia estaba en la zona del Mediterráneo durante esas fechas. Según ese relato de ficción, los Cienciólogos estaban muy ocupados conspirando para instigar un golpe político en Marruecos, fomentando la revolución que acabaría con la dictadura en Portugal y que también provocaron la muerte del General Franco y la del Almirante Carrero Blanco.
No se dieron detalles de cómo se llevaron a cabo estos actos, o ni siquiera se dijo quién los había hecho, y mucho menos si guardaban relación con los acusados.
El Profesor Urbano Alonso, Doctor en Filosofía y Teología, después de examinar las acusaciones sin fundamento, llegó a la conclusión de que: “Es obvio que este fiscal preferiría volver a los tiempos opresivos de la dictadura, ya que está acusando a los Cienciólogos de traer la democracia y sus libertades a la gente de España, Portugal y Marruecos. No obstante, si sus acusaciones fueran ciertas, la mayoría de la gente erigiría estatuas en su honor por haber hecho tales cosas”.
Por lo demás, las acusaciones equivalían a condenar la libre práctica de la religión. Práctica que viene garantizada por la Constitución española, y también eran un intento de relacionar la religión y sus miembros, así como los centros Narconon, con teorías de conspiraciones delictivas. Sin embargo, el escrito no presentaba ningún hecho claro y definido que apoyara los cargos.
Pruebas abrumadoras
Finalmente, después de multitud de retrasos, el caso se llevó a juicio a principios de 2001.
El 4 de abril de 2001, la Audiencia Provincial dictó un auto sobre las cuestiones previas planteadas en el juicio y, al encontrar serias irregularidades que podían ser imputadas a la conducta de la fiscalía en este caso, desestimó casi todos los cargos contra los acusados. El Tribunal también encontró que partes importantes de la obtención de pruebas, como las escuchas telefónicas, eran ilegales.
Esto fue un golpe paralizador para el caso de la acusación, pero lo peor estaba por llegar.
Durante la fase de presentación de pruebas del juicio, Ladrón de Cegama presentó más de 60 testigos. Sin embargo, muchos de ellos negaron el escrito, proporcionando sus propias experiencias para demostrar que los cargos eran falsos. De hecho, muchos testificaron sobre la ayuda tan sincera y eficaz que habían recibido de Scientology y Narconon.
Esas declaraciones coincidieron con las realizadas por los testigos y peritos de la defensa, que incluían las de eminentes autoridades en materia de religión, como Dionisio Llamazares, Catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Complutense de Madrid, Alejandro Frigerio, antropólogo y sociólogo de Argentina, especialista en el estudio de nuevos movimientos religiosos, y otros.
La totalidad de las declaraciones de expertos, confirmó que Scientology es una comunidad religiosa abierta, que se adhiere a los principios democráticos y a los Derechos Humanos, y que la Iglesia enseña a los Cienciólogos a ser miembros responsables y productivos de la sociedad, y a seguir moral y éticamente el derecho común. Además, la Iglesia patrocina programas que ayudan a presos y drogodependientes a rehabilitarse y a que se conviertan en miembros activos y productivos de la sociedad.
Absolución total e incondicional
Basándose en la abrumadora cantidad de pruebas presentadas en el juicio, el Tribunal dictó sentencia el 28 de noviembre de 2001. En su decisión, hecha pública el 3 de diciembre, los 14 acusados quedaban absueltos completamente de todos los cargos pendientes.
El Tribunal quiso perfilar de qué manera las “pruebas” presentadas para apoyar las acusaciones de delitos cometidos por los acusados, ya sea como individuos o como miembros o participantes de la Iglesia de Scientology o Narconon, carecían de fundamento.
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Las dilaciones de la fiscalía durante 17 años han causado una pérdida masiva de tiempo y recursos, en un sistema judicial que ya está colapsado de expedientes. |
El Tribunal también encontró que la Iglesia y los centros Narconon trabajan consistente y concienzudamente para cumplir con la ley en todos los aspectos.
“Realmente este es un caso que sólo pudo haber nacido en 1980, cuando todavía teníamos una Constitución muy joven, que todavía no se había probado en los Tribunales. Esto no podría suceder hoy día”, dijo el portavoz de la Iglesia Luís González. “Pero entendemos que la idea e importancia de proteger e impulsar las libertades se desarrolla con el tiempo, yendo desde los niveles más altos hasta finalmente propagar el respeto y la tolerancia entre el hombre de la calle”.
“La sentencia es un logro histórico”, dijo Rafael Burgos, abogado de uno de los acusados, en una entrevista para la prensa: “Es un gran logro porque demuestra la diferencia entre la España de 1984, aislada e intransigente y la de 2001, fuerte y conciliadora”.
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Desde que se abrió el mencionado caso en 1984, la Iglesia ha conseguido un amplio reconocimiento religioso en muchos países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Suecia y Sudáfrica. Más reconocimiento llegó con la desestimación de un antiguo caso legal similar en Italia y con ello, el reconocimiento religioso para ese país por parte del Tribunal Supremo Italiano y, además, una larga serie de sentencias dictadas por poderes judiciales y administrativos de todo el mundo que confirman su naturaleza religiosa y benéfica.
Read the press releases in English:Spanish Court Ends 14 Years of Prosecutor’s Harassment of American Religious Leader
Scientology Wins 17-Year-Old Case in Spain – Total Victory as Court Declares Charges Groundless
